La Sección Sindical de USIPA-SAIF del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato han aprovechado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para denunciar «la actitud hipócrita y demagoga del gobierno municipal», toda vez que «mientras la alcaldesa apoya la huelga, en el Ayuntamiento que dirige y preside no se adoptó en los últimos años ni una sola medida real que favorezca la igualdad en la plantilla municipal», sostiene Jose Manuel Cerra.

El sindicato pone sobre la mesa dos cuestiones claves: la equiparación salarial y las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, «incumpliendo reiteradamente los planes de igualdad aprobados y los compromisos firmados y adquiridos por el equipo liderado por Carmen Moriyón», lamentan.

Usipa recuerda el estudio realizado en Gijón que pone a las claras la existencia de una brecha salarial importante en el ámbito municipal, «y no queremos decir que un trabajador y una trabajadora que ocupan puestos similares tengan diferentes retribuciones, sino que existen colectivos feminizados, que tienen peores retribuciones y condiciones laborales que el resto de colectivos», subrayan los representantes del sindicato, sin que «este gobierno municipal, a día de la fecha, haya adoptadoalguna medida para reducir la brecha salarial detectada».

Es más, Usipa denuncia que el Ayuntamiento pretende implantar un plan de reestructuración municipal» que incrementará la diferencia salarial entre hombres y mujeres, proponiendo la reconversión más salvaje que se haya planteado nunca en ninguna empresa o sociedad en la Comarca de Gijón, con la eliminación de la inmensa mayoría de las jefaturas ocupadas por mujeres y obtenidas por concurso», alertan. En la última Relación de Puestos de Trabajo aprobada «de forma unilateral y pendiente de publicación, «han eliminado varias jefaturas ocupadas por mujeres, reduciendo así posibilidades de promoción profesional y mejora a empleadas municipales», afirman, habida cuenta de que «cuando un hombre solicita conciliación, no solo no se la conceden, sino que no le responden en casi dos años y tiene que ir al juzgado para llegar finalmente a un acuerdo», denuncia Usipa.